La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispone el marco competencial que le corresponde a las Comunidades Autónomas respecto de sus Policías.

En su artículo 38, recoge que las Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos esté previsto crear Cuerpos de Policía para el ejercicio de funciones de vigilancia y protección a las que se refiere el artículo 148.1.22ª de la Constitución y a las demás que le atribuye la presente ley, podrán ejercer con carácter de propias las siguientes funciones:

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma.
• La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios.
• La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita.
• El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia Comunidad Autónoma.

Dichas funciones se recogen expresamente en el Acuerdo Administrativo de Colaboración entre el Ministerio del Interior, del 22 de octubre de 1990, y en los subsiguientes acuerdos sobre nuevas prórrogas, así como en la Orden del Ministerio del Interior, del 19 junio de 1991.

La UPA crece en la prestación de sus servicios de manera paralela a las nuevas competencias asumidas por el Gobierno gallego, circunstancia que determina tanto el incremento de sus recursos humanos y materiales, como en el mayor despliegue en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma.

Desde esta óptica de crecimiento de la UPA, y conforme a la experiencia acumulada, se pueden agrupar sus actuaciones en cinco ámbitos de actividad:

• Seguridad estática
• Protección
• Investigación
• Gestión técnica y de personal
• Policía comunitaria

Sedes de la UPA central, provinciales y locales: