En el umbral del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una justicia más abierta que sea capaz de darle servicio a los ciudadanos y las ciudadanas con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para esto métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados.

Un proyecto tan ambicioso sólo puede ser afrontado mediante un amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas que asegure la unidad y continuidad de los esfuerzos y garantice el consenso sobre las bases del funcionamiento de este poder del Estado. Este es, precisamente, el objeto y finalidad del Pacto de Estado para la reforma de la justicia firmado el 28 de mayo de 2001. Entre las prioridades del Pacto de Estado figura la elaboración de una Carta de derechos de los ciudadanos y las ciudadanas ante la justicia que atienda a los principios de transparencia, información y atención adecuada y que establezca los derechos de las personas usuarias de la Justicia. Idéntica prioridad manifiesta el acuerdo quinto de los adoptados por la Conferencia Sectorial en materia de Administración de justicia realizada en Las Palmas el día 22 de mayo de 2001.

La presente Carta fue redactada por un grupo de trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo unánime de todos sus integrantes, en el que intervinieron representantes de los distintos grupos parlamentarios y del Ministerio de Justicia.